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Alcalde de Cuenda alerta al país sobre los riesgos de la propuesta de reforma al COOTAD

Enviado por rpublicas el February 23, 2026
Cristian Zamora, alcalde de Cuenca, en su informe dominical precisó que el Municipio de Cuenca, en un ejercicio responsable de análisis técnico y político, expone al país su preocupación frente a la propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (COOTAD), actualmente en debate, y sus implicaciones directas para municipios, prefecturas y juntas parroquiales, especialmente en lo relacionado con la asignación y uso de recursos públicos.

Cristian Zamora, alcalde de Cuenca, en su informe dominical precisó que el Municipio de Cuenca, en un ejercicio responsable de análisis técnico y político, expone al país su preocupación frente a la propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (COOTAD), actualmente en debate, y sus implicaciones directas para municipios, prefecturas y juntas parroquiales, especialmente en lo relacionado con la asignación y uso de recursos públicos.

 

Desde Cuenca reconocemos que la propuesta del Ejecutivo persigue un objetivo válido: reducir el gasto corriente y optimizar el uso de los recursos del Estado. Sin embargo, advertimos que el mecanismo planteado puede convertirse en un factor perverso que termine afectando gravemente la inversión social, los programas de salud, deporte, cultura, prevención de la violencia de género y atención a los sectores más vulnerables de la sociedad.

 

Zamora, puntualizó que reducir la burocracia y el gasto corriente es posible. “Cuenca es prueba de ello. En diciembre de 2022, el Municipio contaba con 2.335 funcionarios; tres años después, se ha reducido este número en 102 personas, mientras se han ampliado servicios a la ciudadanía. Es decir, se ha bajado el gasto corriente y se ha entregado más y mejores servicios. No obstante, hacerlo de manera acelerada, rígida y sin considerar la realidad territorial pone en riesgo a quienes más necesitan del Estado”.

 

La reforma plantea que, si un municipio no ejecuta al menos el 70% de su presupuesto en obra física, su asignación se reduzca del 21% al 15% del ingreso permanente, y del 10% al 5% del ingreso no permanente. Esto significaría menos recursos para obras barriales, mingas comunitarias y proyectos locales. En el caso de Cuenca, el impacto sería directo y grave: alrededor de 21 millones de dólares dejarían de destinarse a obra pública y programas fundamentales. Esto afectaría la sostenibilidad de servicios como la Guardia Ciudadana, los Consejos de Protección de Derechos y de Salud (enfocados en prevención), la Fundación El Barranco, la Bienal de Cuenca, programas culturales, de acción social, hospitales municipales, turismo, deporte barrial, atención a niñas y niños, y programas contra la violencia de género.

 

Adicionalmente, la reforma limita la flexibilidad financiera de los GAD. Lo que impide el uso oportuno de recursos ya que el Gobierno Central no transfiere los depósitos, mismos que se retrasan hasta tres meses, y se cancelan con bonos.

 

Desde Cuenca se hace un llamado firme y respetuoso a la Asamblea Nacional y a la Comisión correspondiente porque lo social es lo fundamental de la gestión y administración pública.  Cualquier reforma que no incorpore la inversión social, en salud y seguridad, constituye un atentado contra la población más pobre, acotó el alcalde de Cuenca.

 

Refirió también que preocupa la falta de transparencia respecto a los anexos técnicos del Ministerio de Finanzas y el cierre de espacios de diálogo, ya que no se permitió la participación de alcaldes y representantes de los GAD en el debate de la Comisión.

 

El Municipio de Cuenca reitera su disposición a trabajar en la reducción responsable del gasto corriente, pero no de forma improvisada, acelerada ni en condiciones que comprometan derechos y servicios esenciales. La propuesta, tal como está planteada, debe ser revisada integralmente y archivada para dar paso a un verdadero trabajo conjunto, técnico y participativo, que permita alcanzar eficiencia fiscal sin sacrificar lo fundamental de la sociedad.